Dina Boluarte: Fiscalía advierte que hay “serios indicios” de que Rolex y joyas “fueron entregados como beneficio”

La solicitud se hizo en torno a la premisa de que las cuatro joyas son de propiedad de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, y son las que habría usado Dina Boluarte, supuestamente como un préstamo. Así lo habían afirmado sus defensas ante la fiscalía y en declaraciones a la prensa.

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Sin embargo, durante la audiencia realizada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, el abogado de Wilfredo Oscorima dio una nueva versión: que dos de los relojes son en realidad de propiedad del hijo de la autoridad regional, mientras que solo un Rolex y la pulsera Bangle son de su defendido.

Primera parte de la audiencia

“Dos relojes son de propiedad del hijo de don Wilfredo Oscorima. Un reloj es de propiedad del señor Oscorima, al igual que la pulsera. En una disposición, he visto que el señor [fiscal de la Nación] opina que porque el abogado dijo, entonces es propiedad todo del señor Oscorima”, cuestionó.

En declaraciones previas sobre el tema, Humberto Abanto no había mencionado al hijo como propietario de los relojes. En una entrevista brindada en abril a RPP Noticias, por ejemplo, solo dijo que uno fue comprado por el gobernador para regalárselo a la presidenta, mientras que otros dos habían sido comprado antes, pero para él.

En tanto, el requerimiento de la fiscalía para confirmar la incautación indica que un reloj, el modelo Datejust con oro Everrose, fue comprado en la Casa Banchero, en Perú. Los otros dos, los modelos Datejust silver diamond y Day-Date President, fueron comprados en el extranjero a través de la tienda Jomashop.

Las joyas fueron incautadas el 10 de abril, luego de que el abogado las llevó a la Fiscalía de la Nación para una diligencia de exhibición. La medida, sin embargo, debía ser confirmada por el Poder Judicial, por lo que se hizo la solicitud al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que convocó a la audiencia de este jueves para debatir el tema.

En la sesión judicial, la defensa de Wilfredo Oscorima manifestó su oposición al rechazar que no había necesidad de incautar las joyas, una restricción a sus derechos, al no haber “peligro en la demora” o un “peligro inminente”. El abogado remarcó que él mismo llevó las joyas para exhibirlas de forma voluntaria y negó que exista riesgo de que vayan a desaparecer si no las entregaban ese mismo día.

“Nosotros mostramos una conducta de buena fe y el señor fiscal le dice a usted que tiene que incautar porque hay peligro de que nosotros sustrajéramos esos bienes de la acción de la justicia. Yo no le acepto ese insulto. No sé si en el Ministerio Público desaparecen cosas, pero en este despacho no se hace”, afirmó. También dijo que no era posible obstruir las investigaciones porque la fiscalía examinó y tomó fotos de las joyas.

Humberto Abanto también rechazó la hipótesis por la que la fiscalía atribuye a su defendido y a Dina Boluarte el delito de cohecho: “que mi cliente sobornaba a la señora presidenta para que le dé fondos a su gobierno regional”. “Lamentablemente, en nuestro sistema no hay control de causa probable, porque si lo hubiera, esta causa estaría cerrada”, comentó.

A su turno, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, como representante del Ministerio Público, hizo un resumen del caso. Se investiga a la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo impropio (recibir sobornos para realizar un acto propio de su cargo), mientras que a Wilfredo Oscorima se atribuye cohecho activo genérico.

El fiscal detalló que la imputación inicial fue que la presidenta “habría incrementado ilícitamente su patrimonio” con tres relojes Rolex, “considerados bienes de lujo o de alta gama”. Luego, esta se amplió para también considerar “joyas valorizadas en más de US$ 160 mil, incremento en cuentas bancarias, depósitos de origen desconocido”.

Finalmente, el 24 de abril se emitió una nueva disposición para incluir en la indagación el cohecho pasivo impropio por “haber recibido en donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, entre otros, los tres relojes y la pulsera Bangle de brillantes materia de incautación”.

La disposición también considera unos “aretes de argolla de oro amarillo”, así como los tres relojes y la pulsera, que serían “el cuerpo del delito” de enriquecimiento ilícito atribuido a la presidenta.

En cuanto a la necesidad de la incautación, el fiscal precisó que la exhibición de las joyas fue dispuesta desde que comenzó la indagación fiscal en marzo pasado. Inicialmente, era Dina Boluarte quien debía realizarla, pero no lo hizo a pesar de que personal del Ministerio Público fue con ese objetivo a su casa y a su oficina en Palacio de Gobierno.

Luego vino el allanamiento a la casa y la oficina de la presidenta, autorizado por el mismo Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en el que no se pudo encontrar los relojes. Sin embargo, sí se hallaron tarjetas de un Rolex y de la pulsera Bangle. “La pregunta es: ¿quién entrega esos bienes en la modalidad que dicen que fueron recibidos [un préstamo] con la carta de garantía? Pero bueno, ese es un tema materia de investigación]”, dijo el fiscal.

En su posterior declaración como investigada, la presidenta dijo que los relojes habían sido entregados a Wilfredo Oscorima, pero que “no supo precisar” cuándo lo hizo. La fiscalía, no obstante, sospecha que fue luego de que el programa ‘La Encerrona’, que reveló el caso, envió un cuestionario a la presidenta para tener sus descargos sobre el uso de los Rolex.

El fiscal indicó que la solicitud para que sea Wilfredo Oscorima quien entregue el reloj vino luego de que la Casa Banchero les informó que el gobernador había adquirido un reloj Rolex similar, el Datejust con oro Everrose, al que Dina Boluarte había usado públicamente “hasta en 59 ocasiones”.

El día de la diligencia, cuando Humberto Abanto no solo llevó ese reloj, sino también los otros dos y la pulsera, se le preguntó si accedía a entregarlos por estar relacionados con los hechos bajo investigación, para asegurarlos y para prevenir el “ocultamiento de los bienes de probable decomiso”.

“La defensa señaló que no podía dar esta autorización [...] Pero si se le requería por escrito y tuviera una autorización escrita de su defendido, pondría a disposición los bienes”, dijo. Ante ello, el fiscal respondió que “la incautación de bienes que constituyen cuerpo del delito” no pueden depender de un permiso por escrito, por lo que ordenaron la medida.

“Se dio cuenta de los indicios de criminalidad, del riesgo que de no incautarse el bien podría hacerse ineficaz la averiguación de la verdad [...] garantizando de ese modo que lo exhibido no desaparezca o se oculte, lo que podría dificultar su apreciación como objeto de prueba y frustraría el posterior decomiso”.

Por otro lado, el fiscal hizo énfasis en los cambios de versiones dadas por Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima desde que inició el caso, por lo que “todo esto se ve enrarecido”.

“Primero, se dijo que era un ‘artículo de antaño’ producto del esfuerzo de muchos años de trabajo. Luego, Wiflredo Oscorima y su defensa, en diversos medios de comunicación, manifestaron no tener nada que ver en el ‘Caso Rolex’. Incluso, el primero refirió que compró uno de los relojes para regalarlo a una familiar muy querido”, recordó.

Añadió que “después vino lo declarado por la investigada, quien dijo que utilizaba bisutería fina y que luego, los relojes, como la pulsera, eran un regalo no aceptado; luego, préstamo aceptado, y que por molestias en el funcionamiento, los había entregado a Wilfredo Oscorima”.

El fiscal concluyó que son estas versiones las que “nos llevan a un escenario de incredibilidad de lo acontecido”. “Es por ello que el Ministerio Público ha decidido ampliar la investigación en los términos señalados, al existir serios indicios de criminalidad, de que estos bienes fueron entregados como beneficio”.

En otro momento, incidió en que solo uno de los relojes, la pulsera y los aretes fue comprado en el Perú, mientras que los otros fueron adquiridos en el extranjero: “No se sabe sobre su ingreso al país, si fueron declarados en Aduanas, ni quién los trajo. Todo eso está pendiente de esclarecer y es materia de investigación”.

La propia defensa de Dina Boluarte, ejercida por el abogado Eduardo Barriga, también se opuso a la incautación y la consideró injustificada. Además, acusó a la fiscalía de basar su investigación en notas periodísticas.

Por su parte, el abogado de la Procuraduría General del Estado se sumó al pedido para que el juzgado, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, confirme la incautación de los tres Rolex y la pulsera.

Concluido el debate entre las cuatro partes, el juez Juan Carlos Checkley cerró la audiencia y anunció que dará a conocer su decisión por escrito. Actualmente, las joyas incautadas están lacradas y custodiadas en el Banco de la Nación.