Editorial: Los cambios que importan

La presentación el martes pasado del informe final del grupo de trabajo de reforma electoral, creado dentro de la Comisión de Constitución del Congreso y presidido por la parlamentaria fujimorista Patricia Donayre, ha despertado nuevamente el debate en el seno del Legislativo sobre la necesidad de agrupar y modificar nuestras hoy dispersas e imperfectas normas electorales. Lo ha hecho, además, de una forma particularmente abrupta, ya que la propuesta del grupo de Donayre no será debatida integralmente como un predictamen (como esperaban sus miembros), sino que –según manifestó el también fujimorista Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución– solo será un “insumo” para la discusión final.

Pero más allá de las pugnas que esta polémica haya podido generar, es menester aprovechar esta oportunidad para recordar cuáles son las principales reformas institucionales que el país necesita en materia electoral. Después de todo, lo peor que podría pasar es que, como en tantas ocasiones, el Congreso termine aprobando únicamente algunos cambios aislados que no hagan más que maquillar las carencias de fondo.

Así, los principales problemas que hoy afectan la solidez de nuestras instituciones políticas, en lo que concierne a asuntos electorales, son la intromisión en las campañas de capitales ilícitos y de candidatos con condenas, la falta de transparencia en las finanzas de los partidos, la pobre democracia interna y la subsistencia del voto preferencial, que incentiva el caudillismo. Y si bien no hay una fórmula mágica para solucionar todos estos problemas, varias de las ideas planteadas por los diferentes actores que en algún momento han participado de este debate apuntan claramente en la dirección correcta.

En cuanto a la transparencia y a la intromisión de dinero ilícito en la política, así como de candidatos con antecedentes, destaca la propuesta recientemente planteada por el Ejecutivo para que baste que alguien se inscriba como candidato para que quede habilitado el levantamiento de su secreto bancario, así como los de su reserva tributaria y bursátil. También parece pertinente la idea de prohibir que los condenados por delitos dolosos puedan ser candidatos.

Asimismo, habiendo quedado comprobada ya en más de una oportunidad la inefectividad de las multas como única sanción aplicable a los partidos que no cumplen con presentar toda su información financiera a la ONPE, es necesario considerar la posibilidad de que se apliquen además sanciones políticas
–desde la suspensión hasta la cancelación de la inscripción– a tales organizaciones.

Contrapuesto al ingrediente de transparencia reclamado, de otro lado, está el oscurantismo que domina la mayoría de los procesos de elecciones internas. Como hemos señalado en editoriales anteriores, aquí la clave pasa por exigir a todos los partidos que sus procesos de democracia doméstica sean necesariamente supervisados por los organismos electorales, así como por flexibilizar los ajustados plazos del vigente calendario electoral.

El pernicioso voto preferencial, por su parte, es lo que hoy convierte a los comicios legislativos en campañas personalistas antes que partidarias. Cada cinco años la elección parlamentaria promueve una saturación de carteles y promesas individuales. Y la consecuencia es que, al ser elegidos de esa forma, los congresistas no ven sus victorias como una muestra de confianza del electorado a una propuesta de gobierno, sino como un respaldo individual, lo que termina por erosionar y causar conflictos internos en las bancadas del Congreso como los que vemos hoy en día.

Finalmente, es importante también revisar la manera en que elegimos a nuestros parlamentarios. Al llegar al Congreso para defender el interés de sus representados, lo más lógico sería que existiera una relación realmente cercana entre electores y elegidos. Pero, en la práctica, esto solo será posible si olvidamos las circunscripciones plurinominales y pasamos a establecer distritos uninominales en los que cada partido postule a un solo candidato. Con ello, los votantes podrían tener una percepción clara sobre a quién pedirle específicamente cuentas en cada circunstancia política.

Como, por ejemplo, en la de esta reforma que, no por deseada y urgente, tiene la aprobación asegurada.