Proyecto busca que empresas paguen daño punitivo en casos de despidos incausados y fraudulentos: reacciones y análisis

Un daño punitivo es una suma de dinero que debe desembolsar el responsable de un daño como castigo de una conducta. En el caso de esta iniciativa parlamentaria, si un juez determina que una empresa realizó despidos incausados o fraudulentos, la sanción constaría de indemnización por daños y perjuicios, la reposición del empleado en su puesto de origen y el pago del daño punitivo.

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La norma plantea que el monto a pagar sea la sumatoria de lo que el empleador hubiera tenido que aportar al sistema de pensiones en caso su trabajador hubiera seguido en planilla.

“Cuando el juez decida a favor del trabajador su reposición, además del pago de indemnización por daños y perjuicios en caso de despido incausado y fraudulento, ordenará también el pago de daños punitivos. El monto máximo por daños punitivos será equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al sistema privado de pensiones; sistema nacional de pensiones o cualquier otro régimen previsional que corresponda, desde su cese hasta su reposición”, plantea el documento.

El proyecto señala en su exposición de motivos que busca “la protección de un colectivo de trabajadores, que fueron desvinculados, y cuyos despidos han sido determinados como incausados y fraudulentos, y que luego de un largo proceso judicial, han sido reincorporados pero a su vez deberán ser indemnizados por los daños causados”.

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del parlamento.

Reacciones

Para Brian Ávalos, socio del área laboral del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, la norma generaría sobrecostos para que las empresas puedan operar dentro de la formalidad. Además, cuestionó que se busque aumentar el pago de sanciones cuando la normativa ya contempla el pago de indemnizaciones.

“Nadie está a favor del despido injustificado, pero el daño punitivo en este caso sería una sobresanción a las empresas que ya tienen que pagar indemnización o reposición, y eso generaría un mayor costo que no se adapta a lo que es nuestro sistema laboral. Actualmente muchas empresas no quieren estar en la formalidad porque dicen que hay muchos costos, uno de los argumentos es que no pueden despedir trabajadores -que es falso-, pero esta ley sigue en esa línea”, indicó.

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Este costo adicional no estaría justificado, ya que en la legislación actual ya se contemplan indemnizaciones para sancionar despidos sin causa.

“Una sanción punitiva es el castigo sobre el castigo, en este caso es un beneficio excesivo en favor del trabajador. Aquí no se le está protegiendo, sino que se le está sobrepagando. Ya existe un sistema que establece un pago para el trabajador en caso de despido fraudulento, ¿a nombre de qué se busca agregar un pago adicional? No parece que haya una razón que lo valide técnicamente”, afirmó Daniel Robles Ibazeta, socio de Robles Ibazeta Consultores.

En tanto, Julio Villalobos, asociado del área laboral del estudio Miranda & Amado, consideró que la naturaleza de la propuesta es castigar al empleador antes de que comenta algún ilícito.

“Se busca sancionar al empleador que despidió de manera injustificada o fraudulenta al trabajador, pero la naturaleza de la ley está en castigar al empleador y buscar disuadirlo para que no despida de manera incausada o fraudulenta a los trabajadores. Esto exige que las empresas verifiquen cuál será el costo de cesar a un trabajador al momento de despedir, independientemente de la causa”, cuestionó.

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Además, remarcó que el aumento de costos para el despido desalentaría la contratación de trabajadores por plazo indefinido.

“Si este proyecto es aprobado por el Congreso, las empresas tendrán que analizar si eventualmente el trabajador que puede ser despedido los demandará. Tendrán que calcular si a futuro deberán pagarle este pago por daños punitivos. Además de evaluar la contingencia, seguramente preferirán la contratación por plazos antes que por plazo indefinido”, explicó.

Esto también podría impulsar que las empresas formales pasen a la informalidad por no cubrir los costos.

“Nuevamente agregamos rigidez y sobrecostos laborales al empleador. Generar sobrecostos lo que hace es que el empresario formal migre a la informalidad. Seguir generando más costos al empleador definitivamente es una invitación a la informalidad, porque cada vez es más caro contratar y desvincular en el Perú”, agregó Robles.